EL PRESIDENTE Y LA NACIÓN

 Artículo de José Antonio Zarzalejos  en  “ABC” del 06/12/04

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

EL Presidente del Gobierno, en una de esas afirmaciones aparentemente inocuas e insolventes con las que acostumbra a pronunciarse, ha sostenido en el Senado que el concepto nacional de España es una cuestión «discutida» y «discutible». Semejante fragilidad de convicción en la realidad jurídico-política que sostiene y vertebra la Constitución española de 1978, cuyo vigésimo sexto aniversario celebramos hoy -algunos sí lo hacemos- alerta del carácter improvisado de la denominada «agenda territorial» de este Ejecutivo y explica la agresividad de los nacionalismos catalán y vasco para tratar de imponer sus tesis en la anunciada reforma de los Estatutos autonómicos.

Los socialistas están incurriendo en comportamientos, actitudes y pronunciamientos radicalmente contradictorios. El de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el carácter «discutido» y «discutible» de la nación española es, desde luego, la más grave de todas porque inocula la duda sobre la supuesta certeza de los socialistas en la consistencia social, cultural y política en la que se asienta el Estado, es decir, el ser nacional. La Nación precede al Estado y determina su naturaleza. El Estado unitario, aunque autonómico como el nuestro, se basa en una realidad preconstitucional de naturaleza histórica, cultural, económica y política que la Carta Magna recoge pero no crea. La Nación, por eso, determina las características del Estado, de ahí que «la indisoluble unidad de la Nación española» en la que se «fundamenta» la Constitución establezca una estructura jurídica -la estatal- también unitaria, aunque autonómica, no compatible con la plurinacionalidad, ni con la coexistencia de «comunidades nacionales». De tal manera que si alguna autonomía de las diecisiete estatutarias en España propugnase en su nuevo Estatuto su carácter nacional entraría en colisión con la Constitución de manera técnicamente indefectible. Alternativamente, la Constitución debería ser cambiada e iniciarse un proceso constituyente para debatir -discutir, precisamente- si España es una «nación de naciones» o un conjunto de «comunidades nacionales» o una yuxtaposición de naciones y regiones, esto es, si es asimétrica y se reinventa con el ayuntamiento voluntario de las soberanías nacionales de lo que ahora son partes de un todo.

Esta y no otra es la denominada «cuestión territorial» que resolvieron los constituyentes de 1978. Sin embargo, la buena voluntad de los que idearon la diferenciación entre «regiones» y «nacionalidades» para dar satisfacción a precedentes históricos de la época republicana y rasgos culturales propios como el lingüístico, es el asidero actual de algunos para reivindicar que aquella solución -se dice ahora que «transaccional» con el posfranquismo y «enorme disposición transitoria», según hallazgo semántico y jurídico del presidente de la Generalidad de Cataluña- sea sólo un pórtico para que la «discutible» Nación española se transforme en una «indiscutible» amalgama de regiones y naciones, en las que aquellas, todas juntas, y, éstas, por separado, pondrían en común sus respectivas soberanías para alcanzar una suerte de Estado federal asimétrico o confederal, sustituto del unitario y autonómico vigente.

El Gobierno y su partido niegan que ese sea el propósito de su «agenda territorial». Pero lo sea o no, por esa vereda revisionista circula la energía reformadora -más estrictamente, rupturista- que sopla con vientos de fronda desde Cataluña y nadie puede ya dudar que es exactamente lo que pretende el denominado «plan» del PNV. En esa agitación de profundo desafecto constitucional, las palabras dubitativas del presidente del Gobierno -el carácter discutido y discutible de la nación española- y las baladronadas insolidarias que llaman a boicotear los intereses comunes sin réplica proporcional desde el Gobierno, o la docilidad de éste en avenirse a la humillación de unas regiones frente a otras -es el caso de la denominada «unidad lingüística» del catalán ante la singularidad, técnica o emocional o jurídica del valenciano, que tanto da a estos efectos-, o la falta de implicación del Ejecutivo en la intentada ruptura de la presencia deportiva unitaria en competiciones internacionales, son todos síntomas de una preocupante abdicación de principios.

La nación es un concepto dinámico, que se redefine en sus contenidos adjetivos, incluso en su énfasis militante. Pero es la piedra filosofal de cualquier sistema constitucional. No hace falta ser patriota para defender en el caso español la unidad nacional; basta con disponer del mínimo conocimiento de los ingredientes que aglutinan a los españoles; adherirse al sentido común y a la sensatez política. Y tener conciencia cierta de que los hechos fundacionales de la Nación -desde el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pasando por el Quijote de Cervantes, hasta llegar, si preciso fuera, a las asonadas secesionistas que ni la II República consintió- no han pasado sin dejar muesca ni dejaran tampoco de tener proyección en el futuro. La unidad nacional de España, además, concatena la vigencia de otras realidades -la Corona, que está en su origen- y su afectación desencadenaría una suerte de reacciones y consecuencias de distinto orden que ningún Gobierno se puede permitir.

Poner negro sobre el blanco del papel prensa estas reflexiones no es, como acaso vuelva a suponer el presidente del Gobierno, una expresión de «fundamentalismo», sino un deber de lealtad para con las firmes convicciones e intereses de la mayoría que son a los que el Ejecutivo de España tiene que proveer.

Se ha aducido que la reforma constitucional -que si afecta a su núcleo esencial implicaría un proceso constituyente- requeriría para prosperar el mismo consenso que el obtenido por la Constitución de 1978. Pues bien: en ningún caso lo tendría cualquier proyecto que alterase la formulación actual de la unidad nacional de España porque, a diferencia de lo que ocurrió en épocas pretéritas, el pronunciamiento unitario se complementa con la declaración del derecho a la autonomía de las regiones y nacionalidades, de tal manera que se suman, sin colmar ninguno pero sin despreciar a nadie, los intereses de todos, promediándolos. En ese juego de equilibrios es donde se sitúa el interés colectivo, el punto en el que el proyecto moral que toda nación constituye se hace visible, el eslabón que vincula y singulariza a un tiempo. Esa urdimbre de valores comunes, de conveniencias recíprocas y de pragmatismos mutuos es la que sustenta una Nación que, como la española, no ha dejado de serlo desde hace cinco siglos durante los cuales nunca faltó quien persistiese en afirmar su carácter «discutido» y «discutible» con las negativas consecuencias que la historia nos enseña. Intentemos que no se repitan.