LA RUPTURA QUE VIENE

 Artículo de JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS  en  “ABC” del 26/12/04

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

LA transición española en los últimos setenta del siglo pasado fue un juego de descartes y de opciones. Se pensó entonces en erigir una arquitectura sólida para nuestra difícil convivencia nacional que superase un número indeterminado de décadas y resolviese con carácter indefinido las «cuestiones» que desde las guerras civiles del XIX azotaron España y la instalaron en un estado de malestar y anormalidad permanentes. Se optó por la Constitución de 1978 con la monarquía parlamentaria, el Estado unitario pero autonómico con consideraciones territoriales políticamente diferenciadas -regiones y nacionalidades-, la aconfesionalidad con mención expresa a la Iglesia Católica y todo un listado de derechos y libertades de apretado garantismo en lo individual y en lo colectivo, desarrollado en una economía de mercado pero con las correcciones de un Estado social prestatario de los servicios esenciales a los ciudadanos.

Este andamiaje se basaba no sólo en una voluntad de concordia, sino también en realidades socio-económicas definitorias como el fortalecimiento de una clase media de amplia base y el decidido desarrollo económico de comunidades que, como la vasca y catalana, carecían de poder político propio pero disponían de un peso decisivo en el entramado financiero e industrial en el conjunto del país.

Por otra parte, la ciudadanía española se modernizaba en hábitos y costumbres y la jerarquía eclesiástica cooperaba a superar el trance cediendo determinados terrenos y favoreciendo la penetración de una cultura de la democracia tras décadas de alineamiento emocional con el régimen franquista. La alternancia en el Gobierno fue posible, incluso inmediatamente después de una intentona golpista, y el sistema tuvo una capacidad de regeneración constante frente al deterioro que procuraba a las libertades y a la estabilidad del Estado el fenómeno inmisericorde del terrorismo.

Por razones muy profundas cuya glosa rebasa las posibilidades de un texto de estas características, el turbulento final de los trece años de Gobierno del PSOE y los últimos tres del mandato del Ejecutivo del PP -con un paréntesis entre 1996-2000 que resultó modélico- han devuelto la situación de España a unos términos de debate y discusión propios de un proceso de iniciación democrática. La convulsión del 11-M y los acontecimientos inmediatamente posteriores se han comportado como si de una catarsis se tratase. Pareciera que en nuestro país se interiorizaba una gravísima crisis que -incapaces de detectarla a tiempo- expresase toda su sintomatología patológica con ocasión de una tragedia cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Creo que, en realidad, el 11-M es el pretexto para, al hilo de su extraordinaria gravedad, colgar en su acaecimiento desgraciado todas las divergencias y resentimientos que se han ido gestando en este último cuarto de siglo español. La izquierda que se condujo de una manera determinada en el descarte de opciones y alternativas hace veintiséis años no está dispuesta ahora a perpetuar lo que cree fueron «sus renuncias»; y la derecha que gobernó en el inicio del siglo radiografió con deficiencia la España que tenía entre manos, a la que aplicó una terapia excesiva en algunos aspectos, surgiendo graves efectos secundarios.

Por eso, ahora, en 2004, después de una victoria inesperada, la izquierda, agrupada con los nacionalismos irredentos, ataviada de un progresismo de talante que no le importa desmentir cuantas veces sean necesarias, ha regresado a la transición y ha recogido la estrategia de la ruptura. Veinticinco años de complicidad con las características de una España capaz de producir un Aznar y propiciar ocho años de Gobierno de la derecha democrática -que pudieron haber sido doce en un ciclo normal- son demasiados para seguir esperando a que la laicidad se implante por sí sola; excesivos para aguantar un concepto unitario de España cuya identidad nacional lleva a que los votos se remansen en las proposiciones más tradicionales; también demasiados para soportar el poder económico y político centrípeto de Madrid, mientras Barcelona y Bilbao decaen y se quiebra el triángulo geográfico que se repartía con ecuanimidad el poder administrativo, el industrial, el de los servicios y, también importante, el de la contemporaneidad cultural. Cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña escribió aquel sonado artículo de «Madrid se va», estaba llamando a rebato a la izquierda y nacionalismo periférico, advirtiendo, con toda la sutileza de la que es capaz -y es mucha- de que ahora o nunca. El tripartito catalán no fue sino el pórtico de la gloria para una izquierda que, con incrustaciones generacionales de la transición, había ya desacralizado aquella gesta política. Quedaba para la historia, pero era historia.

Con la consigna de que todo concepto presuntamente conservador -nación, matrimonio, religión- es un nominalismo que esconde afanes de dominación, la izquierda y los nacionalismos se disponen a la siembra de una cosecha de ruptura para el final de la primera década del nuevo siglo. Para entonces -con la retaguardia intelectual de los nostálgicos de la «mala» transacción de 1978 ideando fórmulas de apariencia inocente pero de efectos inmediatamente letales para la actual institucionalización- esperan que España sea algo radicalmente diferente a lo que es hoy.

Habrá ruptura y la habrá en todos los órdenes, y las erupciones que hoy se registran no son sino el cortejo inicial de una ofensiva en toda regla que, aunque arriesgada, cuenta con la apariencia de la inocuidad. Sin embargo, nada es gratuito en los desarrollos políticos de la izquierda en estos meses de Gobierno: desde la ominosa denuncia del «engaño masivo» del PP en el 11-M, hasta el enfrentamiento con la Iglesia Católica; desde el matrimonio de los homosexuales hasta la reforma torticera del Poder Judicial; desde la acusación de golpismo al anterior Ejecutivo hasta la connivencia con Chávez y Castro; desde el reconocimiento del derecho de veto a una colonia hasta la admisión acrítica del concepto de «comunidades nacionales» para algunos territorios. Ninguno de estos pasos es improvisado ni fútil. Todos ellos, y sobre todo su intención última, buscan un propósito, que es el de la ruptura con la «otra» España que algunos siguen viendo a través del prismático desenfocado y miope de una historia que ya acabó -la de los vencedores y la de los vencidos- y que, por un rebrote antropológico relativamente ignoto, algunos siguen viviendo con revanchismo. Estos son, creo, los términos de la cuestión política en España, que preludian tiempos difíciles en los que habrá que convencer para vencer.