Artículo de Pío Moa en su blog de “libertad Digital” del 24 de Agosto de 2007
Por su interés y relevancia he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web.
La “Mesa pola normalización lingüística” ha hecho público el manifiesto “Ensino en galego” en el que, tras repetir las falacias habituales en que se sustenta el discurso normalizador, llama a la comunidad educativa a cumplir plenamente el Decreto 124/07 (que impone la docencia en gallego de todas las asignaturas troncales y de la polémica EPC, y hace depender de la voluntad de los centros que se imparta en gallego o en español el resto -educación física, plástica y religión o alternativa-). Llama también a la Administración a poner al servicio de esta imposición más personal, “planes ambiciosos” de formación, es decir, de adoctrinamiento, “una actitud diligente de los inspectores”, es decir, más represión, y más campañas de propaganda. La normalización es cara -incalculablemente-, pero como la pagamos todos, la soportamos los que no estamos a la Mesa, y la disfrutan y usufructúan sus comensales, no se repara en gastos.
Mientras que los partidarios de la libertad de idioma defendemos el derecho de los que se sientan a esa Mesa o piensan como ellos a “vivir y aprender” en el idioma oficial de su elección, ellos pretenden convertir su derecho en obligación de todos y para todo. La asimetría de los dos proyectos es evidente, y la injusticia de uno es manifiesta.
La normalización lingüística, en cuanto rebasa el establecimiento de la cooficialidad en régimen de libertad e igualdad, es un proyecto de ingeniería social totalitario, sin fundamento lógico, ético o jurídico alguno, más que la pura voluntad de sus impulsores, que quieren ahormar a toda la sociedad conforme a una concepción unánime y excluyente.
El manifesto es otra muestra más de retórica tramposa y de desprecio por la libertad. Para quienes sostienen el discurso de la normalización lingüística, hay que normalizar a los ciudadanos que somos anormales, convirtiéndonos así en objeto de su fobiapor nuestros hábitos lingüísticos, que pretenden modificar mediante el ejercicio del poder público, es decir, mediante la discriminación, la imposición, la coacción y, eventualmente, la represión de las conductas rebeldes.
La Mesa repite el mantra fundacional de la normalización: “a lingua propia do noso país: o galego”. Si los comensales quieren vivir en ese país monolingüe de ficción, no hay ningún inconveniente por nuestra parte, siempre que nos dejen vivir a nosotros en el nuestro, es decir, siempre que no pretendan el monopolio de un sistema educativo que pagamos todos, y del privado -salvo la partes que paguen ellos-, para ahormarnos a todos conforme a su capricho. En nuestro país, en el que pagamos impuestos como los de la Mesa, hay una lengua franca o común a todos los ciudadanos que nadie está obligado a usar, y en nuestra región, que es Galicia, hay también otra lengua de ámbito regional. Ambas son cooficiales en el territorio de la comunidad autónoma, y no hay más regla justa de convivencia que la plena libertad e igualdad de los usuarios de cualquiera de ellas, o de ambas. Hay dos asignaturas obligatorias que dan cuenta de cada una, y, fuera de eso, después de la primera enseñanza y de la adquisición de la lectoescritura, en que debe primar, sin excepción, la lengua materna, ninguna obligación de uso puede imponerse a ningún ciudadano, y menos abusando de que sea menor e indefenso, caso de los alumnos, o dependa de una nómina, caso de los profesores.
Es una crueldad contraproducente, como todas, abusar de niños para obligarles a estudiar en una lengua que no es la suya en aplicación del dogma de que es “la propia”; es una malversación -además de algo bastante más grave- imponer a los profesores el uso de una lengua distinta a la de su preferencia, con la consiguiente pérdida de calidad de la docencia; y es una estupidez sostener que tales abusos mejoran esa calidad.
La Mesa pretende abusar también de la ignorancia que supone en los demás, invistiéndose de prestigio internacional y pasando de la mitología a la superchería: ni la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos ni la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias dan cobertura a ningún proyecto totalitario de “normalización lingüística” como el que se pretende ejecutar con el decreto aprobado el 28 de junio.
Baste pensar que la República Francesa también ha ratificado, y cumple, la famosa Carta, y no reconoce más lengua oficial que el francés, en un país en el que hay varias lenguas regionales minoritarias. El Reino de España aventaja a cualquier otro estado europeo en el nivel de adhesión -la Carta prevé varios-. En ningún otro se ha llegado a las situaciones absurdas que padecemos aquí por la invención de “derechos de disfrute forzoso”.
Ni siquiera el Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, engendro unánime de nuestro parlamento, da cobertura al Decreto 124/07. Su incorporación parcial al sistema de fuentes del derecho como mero anexo pone de manifiesto la contradicción evidente entre “se fomentará que se impartan en (gallego) materias troncales”; “se tenderá a que ...” con la dicción del Decreto, que no fomenta ni recomienda. Impone.
Nosotros también hacemos un llamamiento al conjunto de la comunidad educativa, y aún lo extendemos a toda la sociedad, para que se resista a la imposición lingüística, para que deje que la libertad se adueñe de las aulas, para que facilite a los alumnos los libros y material escrito en el idioma que prefieran, para que a los profesores no les esté prohibido usar la lengua en la que mejor den las clases a nuestros hijos, para que desafíen y dejen en ridículo a la espesa maquinaria burocrática de imposición. Recuerden la ocurrencia de las programaciones.
De momento, hay un reglamento ilegal impugnado ante el poder judicial y un gobierno regional con todos sus terminales y apéndices, Mesas y sillas presos de cierto nerviosismo productor de manifiestos serviles y liberticidas. Eso es todo.