SER PROFESOR EN ESPAÑA, UN OFICIO DE RIESGO
El Plan contra la violencia escolar es un paso, pero la clave está en devolver la autoridad al educador.
Reportaje en “La Razón” del 03.05.06
Por su interés y relevancia he seleccionado el reportaje que sigue para incluirlo en este sitio web.
Los resultados de distintos estudios de sindicatos del sector coinciden en ofrecer un panorama sobre la situación desalentadora del profesorado en nuestro país. Esos trabajos trazan un perfil del maestro como una profesión casi de riesgo, al menos psicológico, por el ambiente generalizado de indisciplina que se ha adueñado de las aulas. En un trabajo coordinado con la Fundación Jiménez Díaz, se concluyó, por ejemplo, que tres de cada cuatro profesores se encontraban en riesgo de padecer trastornos psíquicos como ansiedad o depresión o que, para la mitad de los profesores,
la rebeldía de los alumnos constituía una de las principales causas de tensión. Es una realidad
tan innegable como grave que, sin embargo, ha pasado casi inadvertida durante buena parte de las reformas educativas de los últimos años.
Que los insultos y las vejaciones de los alumnos a los educadores se hayan convertido en algo habitual demuestra un claro fracaso del sistema y de las administraciones que lo tutelan. En ese ambiente de profesores amedrentados y de alumnos descontrolados, hay que buscar también
una de las causas principales del elevado fracaso escolar en España y de la baja calidad educativa. Sin disciplina, es inviable inculcar a los alumnos una cultura de exigencia y esfuerzo. Existe, además, un problema añadido, que es esa especie de «omertá» institucionalizada entre las administraciones, la dirección de los centros e, incluso, muchos de los profesores agredidos, en torno a estos episodios. El oscurantismo en un asunto de este calado sólo contribuye a empeorarlo. Para afrontar el problema, Ministerio y sindicatos han consensuado el denominado Plan para la convivencia, que es un bienintencionado decálogo de medidas educativas, formativas y de amparo
jurídico que, sin embargo, se olvida de lo fundamental: iniciativas prácticas que permitan que el profesor recupere su autoridad real. Cosa que la LOE ha ignorado.