EL MODELO TERRITORIAL DE ZAPATERO

 Editorial de   “ABC” del 08/09/2004

Por su interés y relevancia, he seleccionado el editorial que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

LAS condiciones en que se acordó la reunión que ayer mantuvieron Rodríguez Zapatero y Rajoy en el Palacio de la Moncloa presagiaban un nuevo desencuentro. La cita venía forzada por el emplazamiento público del líder popular al presidente del Gobierno por su absentismo en el debate sobre el modelo de Estado, a pesar de que él mismo lo promovió en su debate de investidura. Después, el tacticismo del PSOE desnaturalizó el encuentro entre los dos políticos que representan a más del 80 por ciento de los electores, al convertirlo en el primero de una ronda de contactos con las demás fuerzas políticas. Transformado en un trámite para diluir la iniciativa de Rajoy, de este encuentro sólo cabe subrayar tanto la falta total de sintonía entre Gobierno y oposición, como el hecho de que, cinco meses después de tomar posesión y de anunciar que esta sería la legislatura de la reforma del Estado, Rodríguez Zapatero no haya sido aún capaz de ofrecer a la oposición ni a la opinión pública una propuesta perfilada de su modelo institucional. Mariano Rajoy no ha podido arrancar al presidente del Gobierno de su silencio, que no es, sin embargo, sinónimo de pasividad, porque Rodríguez Zapatero está dejando hacer y mucho, lo suficiente para poner en duda la sinceridad de sus propuestas de diálogo y de consenso con la oposición. Mientras el Gobierno se recrea en ofertas inconcretas de buen talante y el PP espera pacientemente, la realidad sigue su curso y, por la vía de hecho, se están viendo cuáles son las intenciones del Ejecutivo, porque las anunciadas reformas de la organización política del Estado empiezan a ejecutarse, adoptando la forma de negociación bilateral entre el Gobierno y el tripartito sobre los Presupuestos Generales del Estado, o de retirada de recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias atribuidas al Estado -delegaciones en el extranjero, administración de justicia- o, simplemente, escenificando la asimetría territorial -es decir, el agravio con las restantes Autonomías- en el tratamiento privilegiado que se está dispensando al Gobierno autonómico catalán. Es un error de diagnóstico seguir insistiendo en que Rodríguez Zapatero no tiene un modelo de Estado.

El mayor reproche que merece el Gobierno es la opacidad de su acción política, lastrada por la sensación -muy tangible, por otro lado- de que se mueve impulsado por pactos secretos y objetivos estratégicos que no son de interés general para todos los españoles. Rodríguez Zapatero puede legítimamente defender un modelo federal asimétrico, al que se están remitiendo los hechos, pero debe decirlo públicamente, sin tapujos, asumiendo la responsabilidad política de su elección y aclarando con quiénes quiere pactar ese modelo. Y, sobre todo, exponiendo las razones por la que está sometiendo al sistema constitucional a un revisionismo que sólo satisface a quienes, desde postulados secesionistas, nacionalistas y federalistas, lo animan como un primer paso para llegar a cotas mayores. Hay motivos para que la preocupación expresada ayer por Rajoy, a la salida de la reunión, sea compartida por amplios sectores de la sociedad española. El más grave es que el Gobierno, cuando habla de la reforma del Estado, no está transmitiendo la idea de un proyecto nacional, integrador y común, sino de un proceso político de Estado a la carta, conflictivo e impuesto por la «tensión territorial» provocada por los nacionalismos y las estrategias endógenas del socialismo catalán; un proceso político en el que, al final y tal y como se están planteando sus premisas, se llamará Estado Español al sobrante que no hayan querido las comunidades autónomas.