PROGRAMA DE RUPTURA

 Editorial de  “ABC” del 13.12.2003

EL nuevo gobierno tripartito catalán se estrena fuerte. Para dar sensación de gobernabilidad ha filtrado a la prensa afín 500 medidas para cambiar Cataluña en cuatro años. Un nombre con evidentes resonancias guerristas para recuperar la ilusión de otros tiempos. Es cierto que, tras veintitrés años de gobierno convergente, la alternancia es un valor en sí mismo, pero tampoco hay que exagerar. No estamos ante un programa para recuperar el autogobierno. Se parte de un nivel de autonomía política y económica en cotas difícilmente soñadas por los votantes que hicieron famoso el Llibertà, amnistía y estatut d´autonomía. Aún así, la reforma del Estatuto es la pieza central del programa de gobierno de las izquierdas catalanas. La voluntad de alcanzar el mayor apoyo posible del Parlament se compagina mal con la declaración expresa de rechazar cualquier pacto con el Partido Popular. Porque el Estatuto sólo puede reformarse por mecanismos constitucionales con el consenso de los populares. El documento hecho público ayer no es sólo un programa de gobierno, sino el programa electoral con el que la España plural se presentará a las elecciones generales. Por eso se deja deliberadamente ambiguo lo que se haría en el nada hipotético caso de que el proyecto de Estatuto sea rechazado en 2005 por las Cortes Generales: «La ciudadanía será llamada a pronunciarse mediante el procedimiento de consulta general que se estime más oportuno». Todo un reto constitucional, pero con exquisito cuidado de no identificarse con el referéndum de Ibarretxe. Un esfuerzo inútil, porque los eufemismos esconden la realidad, pero ésta no desaparece.

Las resonancias identitarias suenan también en otros muchos puntos del acuerdo. El documento reclama un marco específicamente catalán de relaciones laborales que recuerda al pedido por LAB y ELA, pero que en este caso habría de ser gestionado por CC.OO. y UGT, sindicatos mayoritarios en Cataluña. Una buena papeleta para la autonomía sindical en el contexto de la necesaria modificación de la negociación colectiva para asegurar la competitividad de la economía española. ¿O es que Cataluña tiene problemas de costes laborales y deslocalización industrial diferentes? También se pide la plena autonomía judicial y se pretende convertir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la última instancia judicial, pero reclamando que Cataluña sea consultada en los nombramientos de magistrados para el Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial y Tribunal de Cuentas. O sea, lo mío es mío y de lo nuestro, la mitad. O el pleno control de la política migratoria, que sólo se entiende por una concepción de Cataluña como especie en extinción y nunca por razones de justicia o eficacia. Por no mencionar la política lingüística, un tema siempre sensible que se pretende reformar para priorizar el uso del catalán mediante incentivos y sanciones, cuando el problema deliberadamente silenciado es que el desconocimiento del castellano está limitando el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de catalanes monolingües. Si se lee el texto del capítulo de autogobierno en «matriz federal», como se afirma textualmente, es difícil pensar en su generalización a las 17 Comunidades Autónomas que Rodríguez Zapatero quiere incluir explícitamente en la Constitución reformada. Salvo que se acepte el federalismo asimétrico y lo que se reclama para Cataluña no sea necesario en las Comunidades no históricas. Pero conviene recordar el referéndum andaluz y que el café para todos no fue un invento de un ministro de UCD, sino una exigencia de la realidad política de hoy, y no precisamente por imperativo de las fuerzas del centro-derecha. Da la impresión de que las necesidades electorales inmediatas del PSOE le han empujado a abrir un nuevo periodo constituyente, pero impulsado esta vez desde los hechos diferenciales y entendiendo España como un residuo.

EL programa para cambiar Cataluña se adentra en territorios económicos anacrónicos. Renace el proteccionismo comercial. Se considera un agravio pagar por el uso de las infraestructuras, justo cuando, por fin, se está haciendo en Madrid y cuando todos los economistas serios consideran el copago como la única manera de evitar una deriva insoportable del gasto sanitario y hasta los laboristas británicos reconocen la necesidad de aumentar las tasas para garantizar la calidad y competitividad de las universidades europeas. Se anuncia la creación de una empresa pública de telecomunicaciones para incorporarse a la sociedad de la información. Todo menos un programa de Tercera Vía, más bien la vuelta al nacionalismo económico y al Estado productor que está empobreciendo Europa. Sólo falta la ecotasa, pero se intuye al dejar juntas , y en manos de ICV, Medio Ambiente y Vivienda. Por no mencionar los compromisos de aumento de los porcentajes de gasto en todo aquello que suene bien (enseñanza básica, universidades públicas, investigación, cooperación internacional, política social, pensiones mínimas) sin especificar por supuesto qué otras partidas se van a reducir. Subirá el gasto público en Cataluña y con él los impuestos, salvo que se quiera abandonar la estabilidad presupuestaria y que en el marco de la España plural al Gobierno central sólo le quepa avalar el creciente endeudamiento autonómico. A desvelar el truco se resiste el PSC, por no contrariar el programa económico anunciado por Zapatero. Y para mantener la ficción se promete disminuir a la mitad el supuesto déficit fiscal de Cataluña. Para eso es necesario romper la «caja única» del Estado y segregar la Administración Tributaria. Todo un programa de la izquierda solidaria.