Me permito unas consideraciones rápidas y parciales en torno a la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española 'Sobre la valoración moral del terrorismo', que por su hondura doctrinal e incidencia social suscitará, sin duda, muchos debates y estudios. Hay dos cosas previas que me han sorprendido. La primera, la naturaleza doctrinal del texto que va bastante más allá de una mera condena del terrorismo. La segunda, que un escrito tan ambicioso haya salido pese a los ocho votos en contra y las cinco abstenciones, cosa nada frecuente en los usos de la CEE. Se ve que se percibía la necesidad, en tan delicada cuestión, de dejar bien clara la postura y la imagen de la Iglesia española, muy deteriorada por diversas circunstancias, así como el deseo de aportar una contribución doctrinal al problema central de nuestra sociedad. Tampoco hay que ser muy perspicaz para pensar que sin el aval vaticano los dirigentes de la Conferencia Episcopal no hubiesen arriesgado un paso que aparentemente cuestiona uno de los valores supremos del episcopado, su unidad.

El documento considera que el terrorismo es el problema principal que amenaza a la libertad y a la paz en España, y expone muy bien sus manifestaciones, objetivos, consecuencias sociales y, sobre todo, hace una penetrante valoración moral del fenómeno, a la luz de la razón compartida y también de los principios teológicos. Esta parte del escrito, al parecer asumida unánimemente por los obispos, es amplia y, en mi opinión, de un enorme valor doctrinal. No se queda en consideraciones retóricas, sino que penetra en la perversidad específica del terrorismo, lo considera idólatra porque absolutiza una ideología, lo presenta, en línea con un tema central del magisterio de Juan Pablo II, como expresión de una «cultura de la muerte», que desprecia la vida humana ya que la utiliza como medio para conseguir fines ajenos, en este caso políticos. Ahondando en las raíces ideológicas del terrorismo etarra denuncia la ideología marxista revolucionaria, que intenta justificarse como respuesta a una supuesta violencia estructural ejercida por el Estado, y también expresión de un nacionalismo totalitario y excluyente. No sólo condena a los activistas, sino a cualquier tipo de colaboración o de connivencia con el terrorismo. Más aún, afirma que «tampoco es admisible el sistemático silencio» ante este fenómeno; y que «la necesidad moral de las condenas no se mide por su efectividad a corto ni largo plazo, sino por la necesidad moral de conservar la propia dignidad personal y la de una sociedad agredida y humillada».

Ya he dicho que me ha sorprendido la ambición doctrinal del documento. En la parte V, ciertamente la más discutible y de mayor calado político, se diferencia entre un nacionalismo legítimo, incluso en algunas circunstancias conveniente, entendido «como una determinada opción política que hace de la defensa y del desarrollo de la identidad de una nación el eje de sus actividades», y sus corrupciones totalitarias y terroristas. En mi opinión, el documento en absoluto atenta o deslegitima al nacionalismo democrático, aunque tiene buen cuidado en afirmar que no debe considerarse monopolizador de la defensa de la nación que profesa. Es más, no se encuentra el menor resabio del nacionalismo español tradicional, sofocante de la diversidad e inductor de los nacionalismo periféricos. Se habla de que un Estado, entendido como forma de organización política, puede ser uninacional o plurinacional, pero nada se dice de la naturaleza del Estado español. Sin embargo el conjunto del documento da a entender que se está pensando en una España plurinacional y con una importante diversidad interna.

Ahora bien, también es verdad que el documento deja claro que la autodeterminación, entendida como la posibilidad de secesión de un Estado, «fruto de largos y complejos procesos históricos», como es el caso de España, no es un derecho. Hay opciones políticas que son legítimas, pero, sin embargo, no son derechos y, por tanto, su no consecución no es una injusticia. Me parece que esta doctrina es oportuna en el País Vasco y que puede ayudar a desacralizar el nacionalismo vasco, es decir, a actualizarlo ideológicamente, que es su gran tarea pendiente.

El documento de la CEE hace otras dos afirmaciones que pueden resultar polémicas leídas desde Euskadi. Se dice que cometería una grave inmoralidad «quien, rechazando la actuación terrorista, quisiera servirse del fenómeno del terrorismo para sus intereses políticos». Es un principio teórico intachable que todo demócrata acepta como obvio. No pretendo llevar a los obispos a mi campo y acepto mi responsabilidad cuando digo que exactamente esto es lo que sucede en el País Vasco: que al socaire de la falta de libertad y de la presión social producidas por el terrorismo se pretende un cambio del marco político que favorezca al nacionalismo. Y encaja aquí la segunda afirmación del documento que incide en la confusa situación vasca: los marcos políticos se pueden cambiar, pero respetando lo establecido democráticamente, en nuestro caso la Constitución, que cuenta con mecanismo para su modificación, pero que no se puede alterar unilateralmente desde una determinada instancia de poder. Yo no he esperado a estas palabras de los obispos para afirmar que un plan que proyecta un cambio de marco político a partir del desarrollo de las posibilidades del sistema democrático establecido, pero que cuenta con un paso final que lo transgrede es inadmisible, aparte de ser una aventura del todo irresponsable.

Pero quiero dejar bien claro que el documento de la CEE es marcadamente doctrinal, que no hace juicios de valor sobre realidades concretas, ni sobre las leyes con que se pretende combatir a los partidos que encubren el terrorismo, ni sobre las medidas judiciales, ni sobre propuesta política alguna. Es un escrito doctrinal en línea con la tradición del magisterio de la Iglesia y no 'consecuencialista', es decir no juzga la bondad de los actos por las hipotéticas repercusiones que puedan tener medidas coyunturales. El documento es muy rico y digno de reposada lectura y reflexión, y las primeras reacciones de los políticos han sido, como casi siempre, decepcionantes por su superficialidad y oportunismo.

Desde un punto de vista teológico el documento no tiene mucho valor porque la Conferencia Episcopal no es una instancia que esté por encima de los obispos, cada uno de los cuales tiene la máxima autoridad doctrinal en su diócesis, salvada la inmediata y suprema del Papa. Es obvio que los obispos que han votado afirmativamente el texto lo han hecho suyo y los demás podrán hacer el uso que consideren oportuno, sin olvidarnos que las partes moralmente más sustanciales, aunque no las más discutidas, parece que eran aceptadas por todos. ¿Se repartirá el documento en las iglesias del País Vasco?

Pero creo que estas disquisiciones, propiamente canónicas, sobre el valor del documento tienen poca importancia para la gente, que se plantea las cosas de otra manera. Es un texto muy bien escrito, matizado y directo, nada melifluo y muy apto para llegar a la opinión pública. Naturalmente es discutible, pero lo interesante es que esta vez los obispos han aceptado bajar a la plaza pública, no en virtud de su autoridad magisterial, sino con el peso de sus argumentos, con una aportación que puede ser un punto de referencia no sólo para el interior de la Iglesia, sino para el conjunto de la sociedad española en el tema, quizá, más candente de nuestra convivencia.