CATALUÑA, EUSKADI, ESPAÑA Y LA LIBERTAD

  Artículo de JOSEBA ARREGI  en  “El País” del 09.12.2003

Joseba Arregi es ex parlamentario vasco del PNV.

Algunos líderes del PP no se percatan de que su manera partidista, con visión de corto plazo y electoralista, de usar la cuestión de la Constitución, el Estado y el riesgo de los nacionalismos tiene una consecuencia fatal: la necesaria crítica que provoca en muchos ciudadanos sirve de excusa para obviar el fondo del debate, distorsionarlo y enmascararlo, e incluso llega a servir de argumento para afianzar la bondad, o por lo menos neutralidad, de planteamientos que de otra manera merecerían un rechazo claro. Y si esos mismos responsables del PP se percatan de todo esto, su irresponsabilidad es imperdonable.

Pero también es imperdonable que quienes hacen, o debieran hacer, de la crítica su oficio y su vocación -las gentes de izquierda- se conformen con quedarse impugnando a voz en grito la pantalla ocultadora construida por la torpeza de esos algunos líderes del PP y no avancen a analizar críticamente las cuestiones de fondo. Que no perciban la nocividad de algunas frases hechas que se van instalando en el debate -"cualquier opinión es legítima si se plantea por medios pacíficos", "los discursos políticos no son actos sociales con consecuencias en el comportamiento de las personas"...- e incluso lleguen a invertir los términos del debate, haciendo ver que la torpeza del PP es la causa de los problemas de fondo que hay que analizar críticamente, ocultando así la verdad de la historia de los últimos años.

Mucha tinta está haciendo correr la fecha del 25º aniversario de la Constitución española. La mayoría de los comentarios van ligados al entramado de problemas relacionados con la cohesión territorial, con la acomodación de los nacionalismos, con el Plan Ibarretxe, con el ascenso electoral de ERC en las recientes elecciones catalanas. Y se discute con denuedo y muchos conocimientos si el Plan Ibarretxe es una reforma estatutaria o una reforma de la Constitución; quién está legitimado para iniciar un proceso de reforma constitucional; lo que cabe y no cabe en la Constitución; quién es el culpable de que los nacionalismos se sientan incómodos con la forma en que se ha desarrollado la Constitución, o con la interpretación que de ella han hecho los sucesivos Gobiernos, incluido los de Aznar; si estarían más cómodos en la España plural y federal que proclama Pasqual Maragall, o simplemente les incomoda la Constitución porque es española.

Lo que en realidad debiera ser debatido es si la Constitución española cumple su función básica de garantizar la libertad personal y los derechos ciudadanos, y si el Plan Ibarretxe respeta esos derechos y libertades y si los nacionalismos independentistas no los quiebran precisamente. Todas las demás cuestiones -las procedimentales, las referidas a la organización territorial del Estado, la plurinacionalidad de España, la comodidad "debida" a los nacionalismos- deben ser planteados con referencia a los principios de libertad personal y de derecho de ciudadanía.

La conquista de la Constitución, aunque después de la muerte de Franco, pero como resultado de la lucha contra la dictadura, significó sobre todo la conquista de la libertad personal y del derecho de ciudadanía. Los derechos sociales lo son porque sin ellos no se pueden ejercer la libertad y el derecho de ciudadanía. Y la estructura autonómica del Estado, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado sirven y deben servir a la libertad individual y al derecho de ciudadanía en tanto en cuanto su ejercicio puede exigir y necesitar la referencia a las lenguas, culturas e identidades diferenciadas, y éstas hacer deseable o exigible instituciones de autogobierno.

Pero los principios de libertad personal y derecho de ciudadanía siguen siendo la referencia básica. Y el respeto a los procedimientos acordados y pactados se entiende como garantía de esos principios, que son los que quedan en entredicho cuando los nacionalismos independentistas pretenden definir sociedades complejas y plurales como Euskadi y Cataluña sobre la base de la pertenencia exclusiva de todos sus habitantes a Cataluña o a Euskadi. Ése es el único sentido posible de la independencia, y ése es el problema del Plan de Ibarretxe, que parte de la definición de Euskadi desde la pertenencia de todos los ciudadanos a la nacionalidad vasca, y no a una nacionalidad mixta, plural, compleja.

Resulta evidente que la violencia terrorista diferencia radicalmente las situaciones de Euskadi y de Cataluña. Y el empeño de algunos líderes nacionalistas vascos en presentar el Plan de Ibarretxe como la única vía posible para poner fin a la violencia distancia al nacionalismo tradicional vasco de cualquier nacionalismo catalán. Pero el hecho de que ERC sea un partido pacífico no significa necesariamente que respete el principio constitucional de la libertad personal y del derecho de ciudadanía en su significado concreto para la compleja y plural sociedad catalana.

Es importante que en la campaña electoral catalana los nacionalistas, especialmente ERC, hayan subrayado que lo que importa es el bienestar social, razón que lleva a exigir más autogobierno. Aunque sea discutible, tiene importancia que afirmen que no importa la procedencia de los habitantes de Cataluña ni que, además de catalanes, se sientan españoles. La pregunta es cómo se compadece ese respeto a la pluralidad y complejidad de la sociedad catalana y de sus identidades con la demanda de independencia, que implica exclusividad de pertenencia.

Claro que el nacionalismo tradicional vasco ha mantenido siempre el ideal de la independencia en su discurso, aunque su práctica política, desde los tiempos de Sabino Arana como diputado foral, haya sido moderada, pragmática y adecuada a los marcos jurídicos vigentes. Pero la falta de reformulación de su discurso ha colocado al nacionalismo tradicional vasco en la posición actual, en la que se muestra incapaz de respetar en la definición institucional y jurídica que pretende para Euskadi el profundo pluralismo que caracteriza a la sociedad vasca.Sinrenuncia al uso de la violencia no es posible la democracia. Es un requisito necesario. Pero quizá no suficiente. Democracia requiere, además, respeto y valoración positiva del pluralismo. Por eso una España democrática tiene que ser, además de plural en términos de religión, de opinión, de ideologías, también plural como Estado plurinacional. Y, en la misma medida, una Cataluña y una Euskadi democráticas tienen que ser en sí mismas plurales, lo cual no se compadece con la pretensión de constituirlas en sujetos políticos que sean la única referencia de pertenencia para sus ciudadanos. La democracia como pluralismo implica que los ciudadanos pertenecen a plurales ámbitos de decisión.

Democracia, además de no violencia, significa un profundo respeto y una profunda vivencia del pluralismo como condición necesaria de la libertad personal y del derecho de ciudadanía. Pluralismo no sólo en la casa del vecino, sino primero en la propia. La cuestión de la organización territorial del Estado no es una cuestión constitucional separada y sin referencia a los principios fundamentales proclamados y garantizados por ella. No se puede hablar de la adecuada organización territorial del Estado sin tener en cuenta el pluralismo de España, de Cataluña y de Euskadi, y la libertad personal y el derecho de ciudadanía de los ciudadanos catalanes y vascos.

Los valores de autogobierno, de identidad diferenciada, deben ser entendidos y considerados en el contexto del pluralismo, sin el cual no es posible la libertad y el derecho de ciudadanía. Esto es lo que supone la cultura constitucional y lo que es preciso defender: la libertad