LOS VERDADEROS MOTIVOS

 Artículo de FRANCESC DE CARRERAS   en “La Vanguardia” del  01/07/2004

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

No parece que la demanda de un nuevo Estatut de Catalunya responda a deseos profundamente sentidos por los ciudadanos, sino a los objetivos y a las finalidades de determinados partidos políticos. No tengo a mano datos actualizados hasta hoy, pero hace poco más de un año acceder a un mayor grado de autogobierno sólo preocupaba a un 3,9% de los catalanes, mientras que para un 54,4% el principal problema era el desempleo, para un 32,8% la inseguridad y para un 32,2% la inmigración. Es probable que los sondeos actuales hayan detectado algunos cambios tras el reciente ciclo electoral, pero en la calle no se vive nada parecido a un clamor social, a aquel clima ambiental de la transición, cuando se pedía Llibertat, amnistia i Estatut d'Autonomia.

¿Por qué, entonces, la mayoría de los partidos catalanes –en realidad, todos menos el PP– tiene como principal objetivo de los próximos cuatro años la aprobación de un nuevo Estatut? A mi modo de ver, las razones de fondo son dos, estrechamente vinculadas entre sí. Una primera razón es el carácter instrumental que los partidos nacionalistas otorgan al Estatut. Una segunda, la necesidad que tienen estos mismos partidos de diferenciar a Catalunya del resto de las comunidades autónomas, a excepción del País Vasco y Galicia, es decir, a excepción de las comunidades que ellos consideran auténticas naciones.

En efecto, todo partido nacionalista, por definición, debe tener como meta final la plena soberanía de su nación, es decir, convertirla en Estado. Ahora bien, si ello inmediatamente no es posible deben darse los pasos necesarios para alcanzarla en el futuro. En este proceso, el Estatut d'Autonomia es un mero instrumento, sólo útil en la medida en que permite facilitar el camino hacia esta plena soberanía. Desacreditar el actual Estatut –y, por supuesto, la Constitución– como un nefasto producto de las imposiciones de la transición y no como el resultado de un consenso en lo básico –que es, precisamente, aquello que ha dado solidez a nuestra democracia constitucional– forma parte de las necesidades de un guión previamente trazado.

Los partidos nacionalistas, por su misma naturaleza, nunca pueden estar conformes con lo obtenido a no ser que se alcance la meta final y, por tanto, todo punto de llegada es, para ellos, inmediatamente, un nuevo punto de partida, siempre en dirección hacia la soberanía plena. También el nuevo Estatut, si es que se llega a aprobar, será considerado insuficiente desde el primer día, porque estos partidos alegarán que tampoco resuelve el misterioso encaje de Catalunya en España. El motivo de esta alegación es muy claro: si se resuelve el falso problema de este famoso encaje los partidos nacionalistas se quedan sin su principal objetivo, aquel que les da una identidad propia. Por tanto, el victimismo, el agravio comparativo y la queja continua no cesarán nunca, porque constituyen un elemento esencial de su ideología.

La segunda razón me parece que también está muy clara: todo partido nacionalista debe rechazar un estatus de igualdad entre comunidades autónomas. Como es sabido, la Constitución admite, con mayor o menor justificación, ciertas diferencias entre comunidades atendiendo a razones diversas, como pueden ser la tradición histórica, la diversidad de culturas o la insularidad. Son los llamados por la doctrina hechos diferenciales: derechos históricos, lengua, derecho civil, régimen local, fiscalidad, quizás alguno más. Ahora bien, aunque no todas las comunidades autónomas son iguales, no debe existir discriminación entre ellas ni, sobre todo, entre sus respectivos ciudadanos. Discriminación no es simplemente desigualdad, sino diferencia de trato constitucionalmente no justificada. Diversos preceptos de la Constitución (artículos 14, 138, 139 y 149.1,1ª, entre otros) establecen cláusulas que impiden jurídicamente desigualdades injustificadas entre personas y entre comunidades.

Por otro lado, la evolución del Estado de las autonomías, debido al fundamental pacto autonómico de 1992 entre el PSOE y el PP, se ha dirigido claramente a la igualación básica de las competencias entre comunidades. Ciertamente, el camino hubiera podido ser distinto pero el impulso inicial ya prefiguraba el resultado al que hemos llegado: desde el punto de vista competencial somos un “Estado federal con hechos diferenciales”, según la ya célebre precisión del profesor Eliseo Aja, uno de los más grandes expertos en esta materia. Pero, precisamente, el punto de vista nacionalista rechaza las fórmulas federales por la simple razón de que son igualitarias. Los nacionalistas parten de que las comunidades que ellos consideran naciones tienen mayores derechos –colectivos, por supuesto– que aquellas otras que, según ellos, no lo son. Y tales comunidades nacionales deben tener, por tanto, un Estatuto que las diferencie claramente del resto. La política autonómica federalista –denominada popularmente café para todos– es en estos momentos, por igualitaria, aquella que más combaten los nacionalistas.

Éstas son las dos grandes razones, los verdaderos motivos, por las cuales se pretende impulsar un nuevo Estatuto. Se alegarán otros, pero éstos son, a mi modo de ver, los verdaderos. Quizás usted, paciente lector, se pregunte: ¿qué hace en este embrollo el Partido Socialista? La respuesta también me parece bastante clara. Pero el espacio se ha terminado: dejémoslo para otro día.

FRANCESC DE CARRERAS, CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UAB