PATATA CALIENTE

 

 Artículo de FRANCESC DE CARRERAS  en “La Vanguardia” del  04/09/2004

 

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)



En esta primera semana del curso político, los partidos que forman parte del Gobierno catalán, y el Govern mismo, han tomado algunas iniciativas sorprendentes cara a la aprobación en las Cortes de los presupuestos generales del Estado.

Con carácter general, los partidos del tripartito han decidido que sus diputados y senadores actúen con criterios comunes respecto a determinadas reivindicaciones del Gobierno de la Generalitat. Más en concreto, entre otros acuerdos, destaca la pretensión de que en dichos presupuestos se enjuague el déficit sanitario catalán, sin perjuicio –como se ha añadido posteriormente– de que ello se extienda a las demás comunidades autónomas. Estas iniciativas políticas, además de insólitas, no parecen muy adecuadas a la lógica democrática constitucional y estatutaria.

En efecto, el Gobierno de la Generalitat tiene un haz de competencias legalmente determinado. Este marco legal no le otorga potestad alguna sobre la actuación de los diputados y senadores de los partidos que lo componen, legitimados por las elecciones generales y no sometidos a mandato imperativo alguno. Ello no obstante, es cierto que nada impide que los diputados de diferentes partidos se pongan previamente de acuerdo sobre determinadas actuaciones; es más, ello es normal y deseable cara a obtener las mayorías necesarias mediante transacciones y acuerdos.

Lo raro e insólito es que estas posiciones comunes no se alcancen mediante la lógica de los pactos entre partidos, sino mediante la lógica de los acuerdos tomados en el seno de un gobierno de una comunidad autónoma, coordinados estos parlamentarios de las Cortes por el conseller en cap y formando parte muchos de ellos –los diputados del PSC y de ICV– de grupos parlamentarios de ámbito no sólo catalán.

Ello es especialmente anormal en el caso del Partido Socialista, que ocupa el Gobierno del Estado y que tiene una proponderante responsabilidad en la elaboración y aprobación de los presupuestos. Una votación contraria de los diputados y senadores socialistas catalanes sería una deslealtad extremadamente grave al PSOE y a los votantes del PSC en las elecciones generales; pero el mero hecho de presentar una posición común con otros partidos al margen del partido hermano ya es una emboscada impropia en diputados que forman parte del mismo grupo parlamentario. Y si todo ello, al fin, no ha de suceder así, ¿a qué viene el pacto entre los parlamentarios del tripartito?

A la irregularidad de este planteamiento general se une la pretensión de que se condone en los presupuestos un déficit sanitario producido en el seno de la Administración autonómica, de la cual no es responsable la Administración del Estado y cuyo sistema de financiación está establecido en la Lofca y tutelado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Obviar el sistema general e intentar un trato especial al margen de la legalidad establecida es una pretensión descabellada en un Estado de derecho.

Todo ello lleva a una última constatación. Nada parece haber cambiado respecto al antipático sistema de regateo tan característico de la actuación de los gobiernos de CIU. Quizás el único cambio es que entonces se hacía lo mismo pero con mayor finezza y rigor técnico. No sé si es ERC quien ha tendido una emboscada al PSC o es éste quien se la ha tendido Zapatero. En todo caso, serán Sevilla, Solbes o Zapatero mismo quienes deberán encontrar una honorable salida a la patata caliente que les han servido.