PATATA CALIENTE
Artículo de FRANCESC DE CARRERAS en “La Vanguardia” del 04/09/2004
Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)
En esta primera semana del curso político, los partidos que forman parte del
Gobierno catalán, y el Govern mismo, han tomado algunas iniciativas
sorprendentes cara a la aprobación en las Cortes de los presupuestos generales
del Estado.
Con carácter general, los partidos del tripartito han decidido que sus diputados
y senadores actúen con criterios comunes respecto a determinadas
reivindicaciones del Gobierno de la Generalitat. Más en concreto, entre otros
acuerdos, destaca la pretensión de que en dichos presupuestos se enjuague el
déficit sanitario catalán, sin perjuicio –como se ha añadido posteriormente– de
que ello se extienda a las demás comunidades autónomas. Estas iniciativas
políticas, además de insólitas, no parecen muy adecuadas a la lógica democrática
constitucional y estatutaria.
En efecto, el Gobierno de la Generalitat tiene un haz de competencias legalmente
determinado. Este marco legal no le otorga potestad alguna sobre la actuación de
los diputados y senadores de los partidos que lo componen, legitimados por las
elecciones generales y no sometidos a mandato imperativo alguno. Ello no
obstante, es cierto que nada impide que los diputados de diferentes partidos se
pongan previamente de acuerdo sobre determinadas actuaciones; es más, ello es
normal y deseable cara a obtener las mayorías necesarias mediante transacciones
y acuerdos.
Lo raro e insólito es que estas posiciones comunes no se alcancen mediante la
lógica de los pactos entre partidos, sino mediante la lógica de los acuerdos
tomados en el seno de un gobierno de una comunidad autónoma, coordinados estos
parlamentarios de las Cortes por el conseller en cap y formando parte muchos de
ellos –los diputados del PSC y de ICV– de grupos parlamentarios de ámbito no
sólo catalán.
Ello es especialmente anormal en el caso del Partido Socialista, que ocupa el
Gobierno del Estado y que tiene una proponderante responsabilidad en la
elaboración y aprobación de los presupuestos. Una votación contraria de los
diputados y senadores socialistas catalanes sería una deslealtad extremadamente
grave al PSOE y a los votantes del PSC en las elecciones generales; pero el mero
hecho de presentar una posición común con otros partidos al margen del partido
hermano ya es una emboscada impropia en diputados que forman parte del mismo
grupo parlamentario. Y si todo ello, al fin, no ha de suceder así, ¿a qué viene
el pacto entre los parlamentarios del tripartito?
A la irregularidad de este planteamiento general se une la pretensión de que se
condone en los presupuestos un déficit sanitario producido en el seno de la
Administración autonómica, de la cual no es responsable la Administración del
Estado y cuyo sistema de financiación está establecido en la Lofca y tutelado
por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Obviar el sistema general e
intentar un trato especial al margen de la legalidad establecida es una
pretensión descabellada en un Estado de derecho.
Todo ello lleva a una última constatación. Nada parece haber cambiado respecto
al antipático sistema de regateo tan característico de la actuación de los
gobiernos de CIU. Quizás el único cambio es que entonces se hacía lo mismo pero
con mayor finezza y rigor técnico. No sé si es ERC quien ha tendido una
emboscada al PSC o es éste quien se la ha tendido Zapatero. En todo caso, serán
Sevilla, Solbes o Zapatero mismo quienes deberán encontrar una honorable salida
a la patata caliente que les han servido.