EL ESTATUT IMPROBABLE

 Artículo de JOSEP M. COLOMER  en “El País” del 05/10/2004

Josep M. Colomer, profesor del CSIC y la UPF.

Por su interés y relevancia, he seleccionado el artículo que sigue para incluirlo en este sitio web. (L. B.-B.)

El nuevo proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña ya ha empezado a ser elaborado en el Parlament. Pero la probabilidad de que se apruebe uno nuevo durante la presente legislatura es más bien baja. Consideremos tres desarrollos hipotéticos, ordenados de menor a mayor probabilidad.

La primera hipótesis, que es seguramente la soñada por Pasqual Maragall, implica que el Parlament apruebe, posiblemente por unanimidad, un Estatuto compatible con la actual Constitución, es decir, con cambios muy limitados con respecto al Estatuto actual. En tal caso, Rodríguez Zapatero podría cumplir su palabra de apoyarlo y las Cortes Generales lo votarían por mayoría simple, ya que el apoyo del PP sería innecesario. En esta hipótesis, el éxito del PSC y del PSOE sería máximo. Pero, precisamente por ello, es altamente dudoso que los partidos nacionalistas, CiU y ERC, sigan el juego. Su posible argumento para bloquearlo es muy claro: para qué elaborar todo un nuevo Estatuto si al final va a ser muy parecido al actual. Éste es, de hecho, el argumento implícito de Jordi Pujol, quien sigue vindicando que la continuidad de su táctica de negociaciones parciales sucesivas con el Gobierno del Estado y los consiguientes peixos al cove habrían dado mejores resultados.

La segunda hipótesis es que el Parlament de Catalunya apruebe un proyecto de Estatuto sustancialmente diferente del actual, con Maragall al frente arrastrando al PSC. Ya se han anunciado propuestas de principios, competencias y financiamiento que requerirían importantes reformas de la Constitución española. Entre ellas se incluyen la definición de Cataluña como nación, el principio de autodeterminación (que es incompatible con la afirmación en el artículo 1 de la Constitución de que la soberanía nacional reside en el pueblo español), la asunción por parte de la Generalitat de competencias actualmente exclusivas de la Administración central (como, por ejemplo, los puertos, el aeropuerto, la investigación, la capacidad de convocar referendos, etcétera) y una nueva fórmula de financiación particular para Cataluña. Sin embargo, es bastante evidente que el Partido Popular no votaría un Estatuto de este tipo en las Cortes, donde -al requerir reformas constitucionales por mayoría cualificada- quedaría bloqueado. El énfasis de Maragall en incorporar al PPC al proyecto estatutario y sus elogios a ciertos líderes populares de otras autonomías se basa en la conciencia de esta dificultad. Pero incluso en el PSOE -que incluye, como bien sabemos, varios Rodríguez Ibarras con diversos matices- podrían surgir abiertas discrepancias. Maragall podría blandir entonces la amenaza de formar un grupo parlamentario propio en el Congreso, recientemente desenterrada, pero no es descartable que las diferencias emergieran también dentro del PSC. En las siguientes elecciones catalanas, probablemente aumentaría la polarización entre los nacionalistas de CiU y ERC, que tendrían nuevos argumentos para denunciar el boicoteo y la incomprensión de los españoles, y el PP, que aparecería como el único que nunca apoyó la aventura de elaborar un nuevo Estatuto. Así pues, dados estos desarrollos previsibles, es probable que, al final, el PSC no consume su deriva nacionalista, pese a los actuales entusiasmos intermitentes del presidente.

Por tanto, la hipótesis más probable es que, durante el proceso de elaboración del proyecto de Estatuto en el Parlament de Catalunya, se produzcan divergencias graves entre los socialistas, defensores de respetar los límites de la actual Constitución, y los nacionalistas catalanes, partidarios de ir más allá. Al prever que la reforma constitucional no va a ser aprobada por las Cortes, Maragall podría dar por imposible el acuerdo sobre el proyecto de Estatuto y disolver el Parlament. En las elecciones consiguientes la competencia se centraría en identificar al culpable del fracaso. Por un lado, CiU y ERC podrían denunciar la traición de los socialistas catalanes y su dependencia de la política española. Por otro lado, el PSC podría denunciar el boicoteo o la inmadurez de los nacionalistas. De hecho, los socialistas ya se desembarazaron de su incómodo socio Carod Rovira en cuanto tuvieron ocasión, y ahora podrían intentar un desembarazo aún mayor. De este modo, las líneas de conflicto de la política catalana se acercarían a las de la política vasca, ya que el nuevo proyecto de Estatuto vasco, conocido como plan Ibarretxe, tampoco será aprobado por el Parlamento vasco, y su debate protagonizará la campaña de las consiguientes elecciones en la próxima primavera.

Si éste es el panorama, cabe preguntarse por qué los partidos catalanes se han enzarzado en el compromiso de elaborar un nuevo Estatuto. Lo cierto es que ni el PSC hace un año ni el PSOE el pasado invierno esperaban seriamente llegar al Gobierno -de Cataluña y de España, respectivamente-, por lo que sus programas fueron más pensados para airearlos desde la oposición que para ser puestos en práctica. Tanto CiU como ERC esperaban, asimismo, que se enfrentarían desde Cataluña a un Gobierno español del PP, ante el cual cualquier reivindicación insatisfecha sería motivo de apoyo popular. Ahora, a la vista de las dificultades de cumplir las promesas y expectativas, todo el juego consiste en tratar de que la culpa del fracaso sea del otro. Antes de llegar al enfrentamiento, los partidos pueden intentar demorar el proceso de elaboración estatutaria. Quizá podríamos tener todavía un par de años de relativa estabilidad política e institucional, amenizada sólo con un riego continuo de declaraciones y contradeclaraciones, tiras y afloja, excusas y dilaciones. Pero nada augura que, al final, todo esto vaya a acabar muy bien.