EL DESAFIO MAS GRAVE DE LOS NACIONALISTAS A LA DEMOCRACIA
Editorial de “El Mundo” del 07.06.2003
La Junta de
Portavoces del Parlamento vasco ha votado en contra de la disolución de
Sozialista Abertzaleak con un doble objetivo baldío. Pretende diluir la
responsabilidad en la que pudiera haber incurrido el presidente, Juan María
Atutxa, y a la vez prolonga una maniobra claramente dilatoria, encaminada a lo
que vulgarmente se entiende como marear la perdiz de cara al incumplimiento del
auto del Supremo. Sin duda es un desafío en toda regla al Estado de derecho que
tendrá graves consecuencias.
El plazo de
cinco días hábiles marcado por el alto tribunal, al margen de la decisión de la
Junta, corre de una forma implacable.El presidente del Parlamento vasco es quien
tiene -como le ha recordado el Supremo- las facultades rectoras para la
disolución del grupo heredero de Batasuna y es a él a quien el tribunal le
ordena que ejecute el auto de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak. Por
tanto será a él, cualquiera que sea la decisión de otros órganos del Parlamento,
a quien se va a pedir responsabilidades en el caso de que el auto no llegue a
cumplirse. Arropado o no por la Junta de Portavoces, Atutxa incurrirá en un
delito de denegación de auxilio a la Justicia. La pena en la que puede incurrir
es de dos años de suspensión de cargo público, lo que implicaría la separación
del cargo de presidente de la Cámara vasca durante ese periodo de tiempo.
La postura de
los representantes de Izquierda Unida al ausentarse de la votación de la Junta
indica una falsa e impresentable pretensión de equidistancia. El PNV y EA han
votado junto a los propios representantes de Sozialista Abertzaleak para no
secundar la resolución judicial. ¿Puede haber mayor escarnio para la Junta que
aceptar los votos de este grupo para sacar adelante su decisión?
Lo sucedido en Vitoria va mucho más allá de los hechos
puntuales referidos a la disolución de un grupo parlamentario. Lo que en
realidad está en marcha es un pulso sin precedentes del Partido Nacionalista
Vasco y el resto de los partidos abertzales al Estado.Se trata de una maniobra
encaminada a medir la reacción del Gobierno de Madrid, así como las de las
instituciones del Estado, de cara al próximo planteamiento maximalista del
llamado plan Ibarretxe.
La negativa de llevar a cabo la disolución de Sozialista
Abertzaleak supone probablemente -como ayer mismo señalaba el ministro Rajoy- el
comienzo de la crisis institucional más grave a la que ha tenido que enfrentarse
la democracia española desde la puesta en marcha de la Constitución. Anuncia,
por tanto, consecuencias gravísimas.
El Gobierno español ya ha declarado que no dudará a la
hora de cumplir las órdenes que le dé el Tribunal Supremo. La responsabilidad de
lo que suceda será pues de quienes pretenden situarse al margen de la legalidad.