DEBATE SOBRE EL ESTADO... DEL PSOE
Editorial de “Libertad Digital” del 30.06.2003
Desde el mismo momento en que Tamayo y Sáez fueron
expulsados fulminantemente del PSOE por abandonar la disciplina de voto el
pasado día 10, y dada la negativa del PP y del PSOE a contar con los votos de
los dos diputados rebeldes, la única salida para superar la situación de bloqueo
institucional en la Comunidad de Madrid era celebrar unas nuevas elecciones. Y
puesto que el recurso a las urnas era inevitable, lo lógico habría sido convocar
esos nuevos comicios lo antes posible, sin pasar por el trámite de una
investidura fantasma que los retrasará por otros dos meses.
Aunque no hay que excluir la posibilidad de que Simancas termine aceptando “por
error” los votos de Tamayo y Sáez para proclamarse presidente de la Comunidad de
Madrid en segunda votación este lunes a primera hora de la noche –lo que
pospondría las elecciones al menos hasta el próximo mes de marzo–, todo indica
que la farsa de la no investidura de Simancas que comenzó el sábado tiene
como único objeto ganar tiempo. Un tiempo que el PSOE, con el auxilio de los
fiscales cesantes Villarejo y Bermejo, de PRISA y de otros medios que se prestan
también al delictuoso juego de conculcar el derecho constitucional a la
inviolabilidad de las comunicaciones, empleará para ir refinando y engordando la
burda “trama” inmobiliaria. Hoy por hoy, la famosa teoría de la “conspiración”
del PP para arrebatar el gobierno de la Comunidad de Madrid a PSOE-IU –una
coalición postelectoral con programa desconocido que los electores no votaron el
pasado 25 de mayo– tan sólo se apoya en la repetición de una querella ya
sobreseída –Pablo Zúñiga y la “trama” de Alcorcón– que volvió a presentar
–filtrándola previamente a El País– un subordinado del fiscal Bermejo, en
la famosa visita del constructor militante del PP a Romero de Tejada y en un par
de listas de llamadas telefónicas a las que han tenido acceso El País y
El Mundo.
La teoría que sostiene este último diario sobre una “intermediación” de José
Esteban Verdes –novio de Paloma García Romero, una concejala del Ayuntamiento de
Madrid– entre Tamayo y Romero de Tejada, de la que también habría estado
informado Ruiz Gallardón a través de la novia de Verdes, si bien no puede
calificarse de inverosímil, no es más que una mera conjetura entre otras que
también podrían explicar la lista de llamadas telefónicas que publicó El
Mundo el domingo. Como, por ejemplo, que Verdes, como él mismo ha
reconocido, tuviera una relación profesional y de amistad con Tamayo (ambos son
abogados) y este último le insinuara a Verdes su intención de impedir el pacto
PSOE-IU en Madrid. Nada más lógico que Verdes, militante del PP, pusiera en
conocimiento de Romero de Tejada y de su novia esa valiosa información conforme
la iba recibiendo de Tamayo. Y nada más necio que pensar que Romero de Tejada o
Ruiz Gallardón tuvieran la obligación de revelar a Simancas las intenciones de
Tamayo y Sáez, en el caso de que las hubieran conocido de antemano.
Las especulaciones de El Mundo le vienen muy bien a Simancas para seguir
cebando la bomba de las acusaciones sin fundamento, que alimenta al ventilador
del estiércol y que sustrae a la opinión pública la verdadera causa de la crisis
institucional de Madrid: la reyerta entre clanes inmobiliarios de la FSM a
cuenta del reparto del botín electoral –Tamayo, en su intervención en la Cámara
madrileña, acusó a Simancas de romper los pactos internos de la FSM–, que se
produce en el seno de un partido sin programa ni liderazgo, dividido por las
tensiones centrífugas en el País Vasco y Cataluña y por la inmoderada sed de
cargos y presupuestos en Navarra. En la Comunidad Foral se ha violado
flagrantemente el Pacto Antiterrorista con tal de obtener algunos ayuntamientos,
sin que por ello Zapatero haya expulsado del PSOE a los responsables con la
misma celeridad con que lo hizo con Tamayo y Sáez. En Galicia, el PSOE pacta
también ayuntamientos con el nacionalismo antiespañol del BNG. En Cantabria,
contrariando la voluntad de los electores, cede el gobierno a la tercera lista
en número de votos con tal de que no gobierne el PP. Y en toda España, el PSOE
pacta con el mismo partido que en el País Vasco es compañero de viaje de la
deriva separatista y totalitaria del PNV-EA.
Con este bagaje, no es probable que Zapatero pueda levantar mucho la voz en el
debate sobre el estado de la Nación que tendrá lugar este lunes. Agotados los
temas del Prestige y del “no a la guerra”, a Zapatero sólo que queda la “trama
inmobiliaria” para intentar contrarrestar la fuerza argumental de una excelente
gestión del gobierno del PP, cuyos únicos puntos negros son la carestía de la
vivienda –en gran medida imputable a la desafortunada sentencia del
Constitucional que impidió la liberalización del suelo–, la inseguridad
ciudadana –provocada en parte por la política de puertas abiertas del PSOE en
materia de inmigración–, el accidente ferroviario de Chinchilla o el desastre
del Yakolev en Turquía, al que la mezquina política del PSOE en el pasado para
con las Fuerzas Armadas no es en absoluto ajena.
Más que un debate sobre el estado de la Nación, lo que los ciudadanos
demandarían es un debate sobre el estado del PSOE; un partido que en los últimos
tiempos, al igual que ocurría en la etapa final del felipismo, ha demostrado
estar dispuesto a todo –incluidos los insultos, las agresiones, la difamación,
la violación de la intimidad, la alianza con partidos antisistema y la ruptura
de pactos de Estado– con tal de tocar poder.