ESPAÑA NO DEBE PAGAR POR MARAGALL

Editorial   de “Libertad Digital” del 13-12-03

La lectura del pacto de gobierno que han sellado PSC, ERC e ICV confirma punto por punto la pretensión de "irreversibilidad" –palabra que, en democracia, es sinónimo de totalitarismo– de la que habló Ernest Benach cuando fue investido presidente del Parlamento Catalán. Y, al mismo tiempo, deja muy claro quien mandará en el futuro gobierno de la Generalitat. Carod ya anunció que ERC iría "a por todas" y que no aceptaría pactos de mínimos. Así ha sido, efectivamente, pues el texto del pacto de gobierno sienta las bases de la transición hacia la secesión de facto por la vía "pacífica" de la asunción de competencias exclusivas del Estado. Todo ello en un ambiente donde no tendrán cabida alguna los no nacionalistas y donde se profundizará en la represión de una de las dos lenguas propias de Cataluña, el castellano, dentro y fuera de Cataluña.

Las 41 páginas del pacto firmado por Maragall y Carod podrían resumirse en los siguientes puntos: 1) Al igual que en el Plan Ibarretxe, Maragall y Carod plantean una radical reforma del Estatuto seguida por la convocatoria de un referéndum, lo aprueben o no las Cortes Generales. 2) El pacto prevé situar a la Generalitat en plano de igualdad con el Gobierno de España en lo que concierne a la designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, así como los de otras instituciones como el Banco de España, la CNMV, la Agencia de Protección de Datos o el Consejo de RTVE. 3) Conversión del Senado en una cámara de veto autonómico que exprese el "carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico del Estado". 4) Transformar al TSJ catalán en el Tribunal Supremo del "nuevo Estado". 5) La Generalitat ejercería el mando de todas las fuerzas de seguridad del Estado en territorio catalán. 6) La Generalitat asumiría competencias en materia de política exterior e inmigración. 7) Imposición del catalán en todos los ámbitos sociales, incluidos la Universidad y el cine, así como las etiquetas comerciales, la publicidad, los rótulos, etc.; y declaración de oficialidad en toda España y en Europa de las lenguas autonómicas 8) Creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, participación en todos los impuestos estatales (IRPF, IVA, Sociedades, impuestos especiales, etc.) y equiparación con los regímenes forales navarro y vasco, con el objeto de "equilibrar" el saldo fiscal negativo de Cataluña con el resto de España. 9) Exclusión total del Partido Popular en cualquier pacto de gobierno municipal, autonómico o nacional.

De estos nueve puntos, el capítulo de la financiación autonómica es probablemente el más benigno de todos y, curiosamente, el que más han publicitado todos los medios de comunicación. En España ya existen "excepciones" fiscales como el régimen foral navarro, sin que ello suponga problemas insalvables para la cohesión territorial o para el imperativo de solidaridad entre todas las comunidades autónomas reconocido en la Constitución. Son los siete primeros puntos, con el colofón del noveno, los que suponen un mayor desafío a la legalidad constitucional y una voluntad totalitaria de erradicación de la vida política, económica y social de todo lo que no huela a nacionalismo. Un desafío aún mayor y más peligroso que el de Ibarretxe porque, como ya hemos señalado muchas veces en Libertad Digital, las principales fuerzas políticas, especialmente el PSOE, han dado carta de naturaleza y han conferido respetabilidad al nacionalismo excluyente y totalitario, a condición de que no recurriera a la violencia para defender sus tesis.

El error de considerar respetables todas las ideas y posiciones políticas sea cual sea su grado de respeto por los valores constitucionales (libertad, igualdad, justicia y pluralismo político), con la única condición de que no se recurra al tiro en la nuca para imponerlas, se hace hoy patente en el pacto que han suscrito Maragall, Carod, y Saura. ¿Cabe considerar legítimas y dignas de ser discutidas las aspiraciones totalitarias de ERC sólo porque esta formación no dispone de un brazo terrorista? ¿Se tributaría el mismo respeto y comprensión a quien exigiera la suspensión del Estatuto catalán o siquiera el cumplimiento estricto de la legalidad constitucional en materia lingüística? Es evidente que no. Y el principal responsable de esta asimetría es la tradicional fascinación del PSOE por los nacionalismos disgregadores y excluyentes.

El vencimiento de la hipoteca que Zapatero firmó con Maragall a cambio de su apoyo para ser secretario general del PSOE acabará causando la ruina política al leonés. Ya advertimos hace casi dos años de que, con la defenestración de Redondo Terreros, Zapatero había empezado a cavar su tumba. Y su apoyo al pacto que ha firmado Maragall supondrá en marzo, casi sin ninguna duda, la primera –y quizá la definitiva– palada de tierra sobre su cadáver político. El votante socialista de Andalucía, de Extremadura y de Castilla La Mancha –por no hablar de Bono o de Rodríguez Ibarra– no alcanza a comprender cómo puede defenderse la solidaridad interregional y, al mismo tiempo, también las aspiraciones de los separatistas catalanes. Ni España ni Cataluña ni el PSOE pueden permitirse que una fuerza política que sólo representa al 16 por ciento de los catalanes –y a menos del 2 por ciento de los españoles– ponga en serio peligro la estabilidad política e institucional de Cataluña y de España tan sólo porque Zapatero se haya convertido en un florero político y porque Maragall quiera jubilarse en el cénit de su carrera, aunque sea en el papel de "reina madre" de Carod. Una prueba de ello es que ya ha comenzado el éxodo de empresas catalanas hacia Madrid, que ejercen su inalienable derecho a "votar con los pies" antes de que llegue el referéndum de Carod y Maragall. 

No cabe duda de que la actitud de Zapatero y Maragall, reservando exclusivamente al PP la defensa de la unidad y la cohesión nacional, beneficia enormemente a Rajoy de cara a las Generales de marzo. Puede que el PSOE, al fin, llegue al gobierno catalán, aunque sólo nominalmente. Pero el precio que pagan Maragall y Zapatero por ganar una magra cuota de poder es enorme. Quizá a Maragall, a quien sólo le importan su megalomanía y su ansia de poder, le traiga sin cuidado pagarlo. Puede que tampoco le importe a Zapatero, quien parece ya dar por perdidas las elecciones generales. Pero España no puede permitirse pagarlo. Ni tampoco el PSOE. Porque la puesta en práctica del programa que figura en el pacto supone, ni más ni menos, que dar oxígeno a Ibarretxe, convertir la Constitución en papel mojado, desmembrar España y condenar a al menos la mitad de los catalanes a comulgar con las totalitarias ruedas de molino del nacionalismo excluyente. Y de paso, también supone certificar la defunción del PSOE como partido nacional.