LA CRISIS VASCA

 Editorial de  “La Vanguardia” del 07.06.2003

LA negativa de la Junta de Portavoces del Parlamento vasco de disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), heredero de Batasuna, ordenada por una sentencia del Tribunal Supremo, coloca a esta instancia soberana, básica en una democracia, en una muy difícil situación. La respuesta negativa a la sentencia del Alto Tribunal por parte de los dos grupos mayoritarios en la Cámara, PNV y EA, frente a los votos favorables de PSE y PP y la ausencia de IU-EB, lejos de representar una decisión democrática, abre una crisis de consecuencias impredecibles.

Esta crisis llega, además, el día siguiente al acuerdo unánime por parte de los quince países miembros de la Unión Europea y los diez países de próxima incorporación de incluir a Batasuna en la lista de organizaciones terroristas, al considerarla un apéndice de ETA. Esta es la primera vez que se ilegaliza un partido político en la UE.

Las resoluciones legales, gusten o no, deben cumplirse. Nadie, ni un Parlamento, puede ni debe escapar al cumplimiento de las sentencias. Otra cosa es el derecho a presentar recursos a las sentencias de los jueces y agotar los procedimientos, hasta la última instancia judicial, para reclamar lo que se considere oportuno o justo. Pero no puede haber escape al cumplimiento de las leyes y de las sentencias que aplican los tribunales. Ante la ley no hay ni puede haber inmunidad para nadie. Otra cosa sería romper las reglas del juego que son el fundamento de toda democracia.

Cuando se incumple la sentencia emanada de cualquier tribunal de justicia se coloca uno al margen de la ley. Si, además, el que lo hace es, precisamente, una mayoría desde un órgano legislativo, que ha de ser el primer interesado en hacer cumplir las leyes, la contradicción resulta intolerable e inaceptable desde el punto de vista democrático.

Si detrás de la polémica decisión del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, el cual utilizó ayer el ardid de traspasar la responsabilidad de la ilegalización a la Junta de Portavoces, y del rechazo de los partidos nacionalistas se esconde la intención de presentar la cuestión como un conflicto jurisdiccional entre la Cámara vasca y el Tribunal Supremo, habrían cometido una grave irresponsabilidad, porque, además de situarse al margen de la ley, habrían abocado al País Vasco a una situación de crisis sin ningún precedente en la democracia española.