El juez Garzón pone, con su nuevo auto, el dedo en la llaga y sienta las bases para hacer frente, de forma integral, al desafío independentista. Ninguno de los conceptos que el magistrado incluye en su escrito resulta desconocido, pero es la primera vez que alguien se apresta a reunir todos los elementos del rompecabezas etarra para poner sobre la mesa de la justicia una siniestra trama que ha resistido hasta el momento con bastante éxito todos y cada uno de los contraataques del Estado de Derecho. Garzón reúne en su auto todo lo que ha podido aprender como magistrado en su trabajo diario contra el cáncer de ETA.
Su causa es el producto de un trabajo callado y eficaz que ha sido capaz de reunir, como pocas veces pueden hacerlo los Tribunales, las pruebas e indicios, necesariamente parciales, con la evidencia que la sociedad percibe de lo que ocurre con ETA y sus cómplices. Acostumbrados a vivir bajo la amenaza etarra, a las componendas con los nacionalistas radicales en busca del fin de un terrorismo que nunca llega, porque no es posible poner precio político a la paz, y a soportar asesinatos, crímenes, chulerías e imposiciones de todo tipo para «evitar» otros males que luego siempre llegan, la decisión del magistrado supone un auténtico chorro de aire fresco en la asfixiante atmósfera creada por el ETA y sus cómplices. Hemos asistido, con resignación y ausencia de respuesta dignas de ese nombre, a lo que ahora el juez llama, con todas sus letras, un proceso de limpieza étnica, para expulsar del censo del País Vasco a aquellos que no quieran votar afirmativamente en un supuesto referéndum por la independencia. Nos hemos resignado a considerar como un hecho inevitable el éxodo de una parte de la población, de personas con nombres y apellidos, sin que la ley defendiese sus derechos: hemos, en suma, comprobado con sangre y dolor cómo tenía que huir la víctima inocente mientras el impune verdugo se mofaba públicamente. Así, en silencio, han abandonado el País Vasco más de doscientas mil personas. Los censos de La Rioja, Navarra, Cantabria y las provincias de Burgos y Alicante lo atestiguan.
La estrategia puesta en marcha ayer por Baltasar Garzón supone, de hecho, un arma para la democracia, para que el Estado de Derecho encuentre una vía basada en el sentido común para identificar primero a los delincuentes como forma eficaz de desmontar sus estrategia criminal y cumplir el inexcusable deber de defensa de las libertades esenciales. Porque es un delito, y un crimen contra la humanidad, como refleja el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la segregación de una parte de la población de derecho en un territorio por razón de su origen étnico o geográfico o de su presunta adscripción ideológica.
La Justicia se dispone a reunir en un mismo sumario toda una vastísima actuación ilegal, recabando todos y cada uno de los datos que se hallan dispersos en los distintos sumarios abiertos pero que, en conjunto, articularán una completa visión de conjunto de cómo, gracias al terrorismo y al depurado estilo mafioso, se infecta una sociedad para hacer de ella un pelele adiestrado y listo para votar lo que se ordene, bajo pena de muerte o expulsión del paraíso abertzale soñado por Arzallus y ETA.