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Tras las elecciones municipales y la
posterior, inevitable y compleja aritmética de pactos de gobierno
parecía que la agenda política quedaba cerrada hasta las vacaciones,
período en el que los movimientos para la sucesión de Aznar deberían
ocupar todo el plano. Pero no parece que vaya a ser así. El PNV ha
decidido llenar la escena y confrontar definitivamente la reciente
ley de partidos que ha tenido como consecuencia (y tuvo causa) el
extrañamiento de la vida democrática de los batasunos, considerados,
con sobrado fundamento, extensión o terminal de ETA
Por las razones que hayan sido los
nacionalistas del PNV y EA han decidido extender su manto protector
sobre batasuna y confrontar la ley electoral y las instituciones
españolas. No era una mera estrategia electoral para ganar voto
batasuno (que apenas han obtenido en las pasadas elecciones) sino
que parece que estamos ante un asunto de otra naturaleza, menos
táctico y más estratégico. El PNV ha decidido la confrontación con
el Supremo y no teme el riesgo de una querella contra el presidente
del Parlamento de Vitoria y algunos de los portavoces nacionalistas.
Todo indica que la querella conducirá a la condena por desobediencia
y a la inhabilitación de los querellados. Y también que el
Parlamento vasco, el gobierno Ibarretxe y el PNV y sus aliados de
EA, no van a aceptar esa sentencia y condena. Por el contrario la
van a utilizar como bandera de agitación política, como aceite a su
victimismo y acicate de sus ensoñaciones.
De manera que estamos ante un conflicto
institucional sin precedentes que va a poner a prueba las
instituciones, las convicciones y el funcionamiento del Estado. Dar
marcha atrás a lo que está en curso no parece que esté en el ánimo
de nadie; para hacerlo se hubiera hecho antes porque el que pestañee
y se aplane habrá perdido la confrontación.
Probablemente detrás de la decisión de los
nacionalistas esté un calendario previsto para disolver la cámara y
convocar elecciones anticipadas con el plan Ibarretxe como argumento
central. Sólo desde esa lógica o pretensión puede entenderse lo que
está ocurriendo.
Y simultáneamente para el Gobierno y el
Parlamento español se encienden las señales de alerta de una
situación excepcional que puede conducir a la utilización de
resortes constitucionales (el artículo 155 que permite suspender
derechos de autonomía) que nadie imaginó que podían llegar a ser
utilizados.
La confrontación con el PNV en un plano
institucional y con la desobediencia al Supremo como eje central es
un asunto político extraordinario. Además se produce en un período
preelectoral intenso que obligará a sobreponer debates y a aplazar
problemas para atender a lo más urgente.
El PNV ha llegado mucho más lejos que nunca;
seguramente sus viejos dirigentes, los del exilio y de los primeros
años de la transición, verían con asombro la deriva actual de los
acontecimientos. En la cabeza de ETA se deben estar frotando las
manos; verifican la eficacia del pacto de Estella y de la falsa
tregua de hace tres años al comprobar que han hecho rehén de su
estrategia independentista o soberanista al actual equipo dirigente
del PNV.
PP y PSOE, sin perder de vista a las demás
fuerzas parlamentarias, tendrán que afinar argumentos y estrategias
para hacer frente al desafío vasco. |