LAS TRES CUESTIONES BÁSICAS

  Artículo de JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS en “ABC” del 07.12.2003

Parece haberse adueñado de la clase política y de parte de la opinión pública -no de la ciudadanía- una especie de síndrome ansioso que urge la reforma de la Constitución, en coincidencia con la «machinada» medieval de los dirigentes del nacionalismo vasco. Los aspectos a los que se podría referir tal reforma, siendo importantes, no son sustanciales, así que convendría desdramatizar este afán revisionista. Que el Senado tenga las actuales o distintas características es tan opinable como la conveniencia o no de alterar el artículo 57 en relación con la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la jefatura del Estado. Tampoco es sustancial -y por ello, también relativo- que, como ha propuesto el PSOE, se constitucionalice de forma nominativa la presente demarcación autonómica española. Con tal de que todo este debate sea real y no responda -como personalmente creo- a las urgencias preelectorales, hasta sería adecuado repensar algunos extremos de la Carta Magna.

Pero hay que establecer determinados límites, pocos, pero muy claros. La Constitución incorpora preceptos fuera de la disponibilidad habitual y alterarlos supondría no una reforma sino la apertura de un período constituyente. Y lo que pretenden los nacionalistas vascos con su traído y llevado plan es, justamente, afectar de lleno al núcleo duro de la Constitución, desvencijar el Estado e inaugurar un nuevo ciclo histórico que ponga en solfa de principio a fin la naturaleza nacional de España y de su macroestructura jurídica y política que es el Estado. ¿Por qué? Es sencillo: la Constitución refleja -pero no crea ex novo-, en su Título Preliminar, tres pronunciamientos esenciales. El primero es el de la soberanía que «reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (artículo 1.1.), lo que conlleva que el poder constituyente está en el conjunto de los españoles y no en una parte de ellos. Uno de esos poderes es el judicial, que es único y no puede trocearse. El Plan de Ibarretxe, por su contenido literal, además de por el procedimiento factual, contradice palmariamente el principio de la soberanía nacional. El segundo límite es que la Constitución -ésta y cualquiera- se «fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» compatible con la autonomía de «las nacionalidades y regiones» (artículo 2), de lo que se deduce que cualquier autopronunciamiento nacional del País Vasco o de Cataluña colisiona frontalmente con este precepto. El Plan del PNV y, eventualmente, el que desde Cataluña pretenda otro similar, no son admisibles. El tercer límite está establecido en la invulnerabilidad de la forma de Estado que es el de la Monarquía parlamentaria (artículo 1.3).

Estos tres principios -que traen causa de realidades objetivas anteriores a la Constitución- son básicos y tratar de modificarlos, alterarlos o reformularlos no implicaría en ningún caso una reforma de la Constitución, sino -digámoslo con todas las palabras- una auténtica revolución. El consenso de los partidos nacionales se debe trabar sobre el carácter inalterable de esas tres cuestiones que son los pilares de la Nación y del Estado. Es decir, sobre la «almendra» de la Constitución. Todo lo demás dispone de una importancia menor, aunque tenga un enorme calibre y no se vea -al menos desde criterios mayoritarios- la necesidad de reescribir un nuevo consenso constitucional cuando bastaría voluntad política y activación del desarrollo de la Constitución tal y como está para ajustar el sistema general que, después de veinticinco años de vigencia, es plenamente satisfactorio. Lo que ya no lo es tanto es la calidad política y partidaria. Pudiera ser que esta Constitución, con enormes potencialidades, le venga grande a una clase política que, en particular la periférica, no ha llegado ni a asumirla ni a entenderla. La justicia, tanto la ordinaria como la constitucional, deben hacer su trabajo, pero hay otro que es el del principio de la responsabilidad colectiva que nos corresponde a todos.